ONG recuerda que en El Salvador está prohibida la reelección

ALTERNABILIDAD. Según el principio de alternabilidad en la Presidencia de El Salvador, el actual mandatario Nayib Bukele, no podrá ser candidato a elecciones generales de 2024, porque es “inconstitucional”, dice informe de la ONG Cristosal.

Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, señaló que “esta práctica sistemática de Gobierno de no respetar el orden constitucional que prohíbe las reelecciones continúas, de principio, alternancia y poder, no es una práctica solo de El Salvador, es una práctica que hemos visto en el pasado y estamos viendo en el presente en América Latina”.

“De estas prácticas que hemos visto en América Latina y estamos viendo en El Salvador, no hay ningún precedente histórico que indique que este tipo de Gobierno de corte autoritario, que se han perpetuado en el poder, han respetado los derechos humanos”, explicó Ábrego. Subrayó que “este tipo de regímenes han llevado a casos de graves violaciones a derechos humanos, como genocidios, detenciones masivas-arbitrarias, ataques contra defensores de derechos humanos, pérdida de espacios cívicos, etc.”.

El abogado Jonatan Sisco, también de Cristosal, enfatizó que son seis los artículos constitucionales “los que prohíben la reelección en El Salvador” y “estas seis disposiciones protegen a unas normas constitucionales, como la norma de la alternancia o alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia”.

“La reelección está prohíba en todo momento (…) la reelección es un paso decisivo para perpetuarse en el poder y eso es lo que está prohibido”, apuntó. Señaló que “debe de existir un intervalo de espera para que los mandatarios, quienes han ejercido poder, rindan cuentas a la población para que posteriormente vuelvan a postularse como candidatos a la Presidencia”. Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha referido a la reelección en El Salvador y señaló que “se permite solo de forma no consecutiva en Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay”.

Por su parte, Rina Montti, directora de Investigaciones en Derechos Humanos de la ONG, dijo que “se ha demostrado que las dictaduras lo que permite es que se perpetúen las violaciones y que se empeoren las violaciones a derechos humanos”.