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Oposición cuestiona “capacidad de consenso de Choquehuanca”

NORMA .- La disposición final séptima es la más cuestionada porque aparentemente el Gobierno busca levantar el secreto bancario e investigar las fortunas de los ciudadanos a simple denuncia.

Parlamentarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuestionan la “capacidad de consenso” del vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, frente a la aprobación del la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) del 2023.

Desde el ala “arcista” del MAS, el senador Félix Ajpi, pidió al presidente nato del Legislativo “tener habilidad política” para consensuar la aprobación de la norma en cuestión por siete disposiciones. De lo contrario, advierte que “no se llegará a nada” en una próxima sesión.

“Si va a tratarse el proyecto como en la última sesión de la Asamblea, no vamos a llegar a nada (de nuevo). Yo convoco al compañero vicepresidente y presidente nato de la ALP, que tenga capacidad de diálogo, de debate, de ser director, de tener habilidad política. Veremos qué pasa (en la próxima sesión)”, manifestó Ajpi a la ANF.

Por otro lado, desde Comunidad Ciudadana (CC), el jefe de bancada en el Senado, Guillermo Seoané, aseguró que el gobierno no tiene “voluntad política” para la aprobación del PGE reformulado del 2023.

“No hay voluntad política del gobierno para aprobar el PGE, y le hemos dicho a Choquehuanca, que está la ley promulgada por el Senado y que no venga a decir que la oposición no quiere el presupuesto aprobado. Algo está pasando, estamos preocupados por la economía del país”, dijo Seoané, en rueda de prensa.

El martes, dicho bloque opositor envió una carta al presidente nato de la ALP en la que pide remitir la Ley de Modificaciones al PGE reformulado del 2023 al Órgano Ejecutivo, sin las siete disposiciones, para proceder con su promulgación.

La disposición final séptima es la más cuestionada porque aparentemente el Gobierno busca levantar el secreto bancario e investigar las fortunas de los ciudadanos a simple denuncia.

Fuente Paulo Lizárraga A.