Plantean trabajar nueva ley de Hidrocarburos y energías
PROPUESTA. Fundación Jubileo recomienda trabajar una nueva política energética nacional, acorde con los desafíos que supone afrontar el cambio climático y la transición energética, la cual establezca el marco general para la elaboración de normativas sectoriales para electricidad e hidrocarburos.
Ante la baja de ingresos por concepto de hidrocarburos como consecuencia de la caída en la producción, desde la Fundación Jubileo recomienda desarrollar una nueva política energética nacional, acorde con los desafíos que supone afrontar el cambio climático y la transición energética.
Esta propuesta es planteada como resultado del estudio “Renta Petrolera, la apuesta de la política hidrocarburífera boliviana 2005-2023”, propone ajustes estructurales en la política del sector que incluyen modificar el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las regalías, y crear fondos productivos, de ahorro y de transición energética.
La nueva ley debe establecer el marco general para la elaboración de normativas sectoriales para electricidad e hidrocarburos, que marquen políticas con criterios de sostenibilidad y eficiencia de largo plazo, devolviéndoles su cualidad energética y no solo de captura de la renta.
Como antecedentes Jubileo indica que el resultado de esta política de hidrocarburos rentista de los últimos 19 años, fue una caída en las inversiones en actividades de exploración, que terminaron provocando una progresiva reducción en la producción de hidrocarburos desde el año 2016, la pérdida de mercados para el gas natural, el incremento de las importaciones de diésel, una disminución significativa de los ingresos por divisas y la contracción de casi 70% en la participación estatal en la renta petrolera, durante los últimos 10 años.
En el caso particular de hidrocarburos, Fundación Jubileo desarrolló una propuesta que considera ocho aspectos que deberían ser considerados en la elaboración de una nueva ley sectorial. Primero mantener la regalía departamental equivalente a 11 por ciento (11%) de la Producción Departamental Fiscalizada de Hidrocarburos en beneficio del departamento donde se origina la producción, como establece la Constitución Política del Estado.
Segundo incrementar la regalía nacional compensatoria de 1% actual a 2% de la Producción Nacional Fiscalizada, que deberá favorecer a todos los departamentos no productores de hidrocarburos.
En tercer lugar, disminuir la participación del Tesoro General de la Nación (TGN) del actual 6% a 5% de la Producción Nacional Fiscalizada, en el entendido de que esta entidad del Estado cuenta con varias otras fuentes de financiamiento.
También modificar la alícuota del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, aplicando un régimen de escalas móviles que oscile entre un mínimo de 10% hasta un máximo de 32%, en función de los siguientes criterios: tipo de campo (pequeño, mediano o grande), tipo de hidrocarburo, etapa del proyecto, producción y precio de comercialización.
Finalmente eliminar la participación adicional de YPFB en las ganancias de los contratos de operación.