Postergan tratamiento del proyecto de “Ley de Ganancias Ilícitas”

SESIÓN. El ministro Iván Lima no fue a defender el proyecto, mientras las críticas y cuestionamiento al proyecto de Ley 280 de Legitimación de Ganancias Ilícitas se han multiplicado. El abogado William Bascopé  asegura que la norma es inconstitucional  y “es un revolver en la espalda de cualquier ciudadano.

El ministro de Justicia Iván Lima que debía asistir este pasado martes, a la Comisión de Constitución de Diputados, para explicar los alcances del proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Lucha Contra las Ganancias Ilícitas pidió, mediante nota,  la suspensión tratamiento del proyecto de ley.

Las reacciones no se dejaron esperar y el diputado Carlos Alarcón expresó que el ministro de justicia no asistió al debate de dicha norma en la Comisión de Constitución porque se corrió justificando su ausencia por problemas de agenda.

Por su parte el diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez indicó que el ministro Iván Lima no asistió al debate  porque no tiene los argumentos con una razón lógica para justificar esta ley que es una receta del Foro de San Pablo. Esta Ley pretende callar las protestas que ya han comenzado por la crisis que se viene en el país.

En tanto, las observaciones y críticas a la Ley 280 se multiplicaron en algunos sectores como el transporte, los gremiales que rechazan la norma porque la consideran confiscatoria. Es más el sector cuenta propista de Cochabamba realizó una marcha en contra del proyecto de Ley.

INCONSTITUCIONAL

JURISTA. William Bascopé, abogado constitucionalista.

El abogado constitucionalista Williams Bascopé asegura que este proyecto de Ley 280  es inconstitucional porque viola el principio de presunción de inocencia, el debido proceso, la seguridad jurídica y peor aún, atenta a la libertad de protesta, la propiedad privada y el principio de buena fe.

Bascopé dice que el Proyecto de Ley N° 280 de ganancias ilícitas establece modificaciones al Código Penal y a otras Leyes, que pretende establecer  el delito de terrorismo como un hecho punible a cualquier acto que amenace al gobierno, como ser el derecho a la protesta .

Si el proyecto de Ley en cuestión estuviera vigente, el bloqueo de las mil esquinas de los maestros estaría penalizado, porque restringe la libertad de las personas tal como señala el Art. 133 del Proyecto de Ley .

También indicó que el oficialismo dice que no se penalizará a la protesta social o reivindicación de derechos sociales o derechos humanos, ¿Quién define eso? Preguntó.  Lo definirá el fiscal o juez, esas autoridades definirán qué protesta se considera ilegal o legal. Advirtiendo que ya la CIDH indicó que no existe justicia independiente en Bolivia

Explicó que la sanción penal se agrava porque establece una pena de 20 a 25 años, yendo más allá hasta los 30 años de cárcel. “Esta ley es un revólver en la espalda para cualquier ciudadano”, añadió Respecto a la legitimación de ganancias ilícitas, se amplía su alcance a personas jurídicas de incurrir en alguno de los 37 tipos penales que se describen en el Art. 185 parágrafo II; además que penaliza a quien adquiera un bien de buena fe y si no prueba que es un bien adquirido legítimamente será procesado ante la justicia penal.

Otro objetivo del proyecto de Ley es modificar la Ley del Notariado Plurinacional para supervisar y monitorear las labores del Notario y éste reporte los bienes que compra y vende cualquier ciudadano lo cual sería reglamentado mediante Decreto Supremo, tal como describe la disposición Segunda del Proyecto de ley.

El abogado Bascopé señaló finalmente que con esta norma la confiscación de bienes que se hará arbitrariamente, incluso la infiltración de agentes encubiertos y entrega vigilada.

Fuente Marcelo Huanca Dorado
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