Presidente promulga ley para viabilizar Judiciales

ELECCIONES. Una vez promulgada la ley 144, el trabajo retorna al Legislativo, donde se deberá dar curso a la preselección de candidatos y posterior elección de nuevas autoridades.

El presidente Luis Arce promulgó ayer por la tarde la ley de 144 “Transitoria para las Elecciones Judiciales” y abrió paso a la convocatoria y preselección de candidatos judiciales, que priorizará la meritocracia de los futuros candidatos, en un proceso que deberá culminar en un plazo máximo de 230 días con nuevos magistrados.

Durante el acto de promulgación, el jefe de Estado recordó que la norma fue aprobada con dispensación de trámite desde agosto del año pasado y que; sin embargo, las observaciones de inconstitucionalidad realizadas ante el Órgano Judicial, evidenciaron la “falta de capacidad de algunos asambleístas”.

“Hoy promulgamos una ley que tiene una historia desde agosto de 2023. El año pasado ya se pudo haber resuelto, subsanado, estos temas que se hicieron notar en su momento. Hay que recordar que en agosto de 2023 con dispensación de trámite se aprueba la Ley 144 en el Senado, se la traslada a Diputados, donde se realiza la consulta, y luego vienen las observaciones de inconstitucionalidad a la mencionada ley. No quisieron aceptar sus errores, la falta de capacidad que tienen algunos asambleístas”, aseveró el mandatario.

Representantes de organizaciones sociales y legisladores se reunieron en la Casa Grande del Pueblo, y atestiguaron la promulgación de la ley que fue resultado de un acuerdo político gestionado por el vicepresidente David Choquehuanca, en medio de un bloqueo de afines a Evo Morales que dejó millonarias pérdidas, ocho muertos y perjuicios.

Una vez promulgada la ley 144, el trabajo retorna al Legislativo, donde se deberá dar curso a la preselección de candidatos y posterior elección de nuevas autoridades.

CONSENSO. Los presidentes Luis Arce y David Choquehuanca.

La Ley 144 de Elecciones Judiciales fue aprobada en la Cámara Alta en agosto; sin embargo, Diputados fue la instancia que empantanó el tratamiento de la misma; evitando la realización de los comicios a fines de 2023.

Sumado a ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó la prórroga de los magistrados del Órgano Judicial hasta la realización de dichos comicios, ocasionando múltiples olas de rechazo en líderes políticos, opositores y evistas, y en la sociedad en general.

Posteriormente, sectores sociales afines al expresidente Evo Morales realizaron bloqueos de caminos en el interior del país, exigiendo la realización de dichas elecciones y la renuncia de los magistrados prorrogados del TCP y otras instancias judiciales; hasta el momento, cinco magistrados dimitieron a sus cargos.

ARCE: BLOQUEOS IBAN POR MI CABEZA

Durante el acto, Arce manifestó a los sectores sociales afines al arcismo, que la norma fue consensuada tras casi dos semanas de bloqueo por parte de sectores sociales afines al “evismo” y que el afán de las protestas era ir “por la cabeza del presidente”.

“Ha sido innecesario estos bloqueos. El afán: desgastar, venir por la cabeza del presidente, como lo han anunciado ya y lo han dicho públicamente que es el objetivo. No se puede engañar al pueblo boliviano de esa manera y no se no se puede ahorcar, ni ahogar la economía del pueblo boliviano por esos intereses particulares», afirmó.

Durante su discurso, reprochó los perjuicios económicos al país, dado que considera que éstos sólo buscaban intereses personales y desgastar al gobierno. Denunció que las medidas de presión causaron un daño de más de mil millones de dólares, además de problemas en el traslado de combustible.

“Es absolutamente insensible, más aún cuando todo el pueblo boliviano sabe que la motivación fue política para satisfacer la ambición personal de poder”, aseveró el dignatario.

Afines a Morales levantaron, después de 12 días, varios puntos de bloqueo el viernes, tras el acuerdo político promovido por Choquehuanca. No obstante, sectores radicales continuaron con la extrema medida de presión hasta este martes. Exigían elecciones judiciales, renuncia de magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y reivindicaban el derecho de Morales de volverse a postular a las elecciones.

Los daños provocados por la medida de presión se acercan a los $us 1.000 millones, a ocho muertos y perjuicios a la gran mayoría de la población.