Proceso contra el líder de la RJC es por hechos de 2020

En Sucre, las autoridades explicaron ayer que el líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, fue detenido y ahora es procesado por un hecho de hace seis meses, cuando al mando de la organización realizó protestas contra la Fiscalía General, causando destrozos.

Los hechos investigados corresponden al 6 de octubre de 2020, cuando la Resistencia Cochala realizó su protesta exigiendo la renuncia del fiscal general Juan Lanchipa. Entonces hubo daños a patrimonio de Sucre por la manifestación.

“Cerraron las puertas de la Fiscalía General, empezaron a utilizar artefactos explosivos, incluso había artefactos explosivos de fabricación artesanal, generando daño patrimonial a las infraestructuras de la Fiscalía General”, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

“Estos grupos claramente ha ocasionado destrozos correspondientes y claramente se ha verificado la presencia de aparatos explosivos para realizar este estos actos, los cuales claramente han procedido a la explosión de algunos artefactos explosivos y también al pintarrajeado de tanto paredes como de las calles”, dijo el fiscal del caso, acompañado en conferencia de prensa por el Ministro.

Se reveló que la orden de aprehensión se emitió el viernes último, más de seis meses después de los sucesos. Molina fue aprehendido el sábado por la noche en el departamento de Cochabamba y luego fue trasladado a Sucre para su proceso.

Cuestionado por las razones para tardar medio año para emitir la orden contra Molina, el fiscal argumentó que la pandemia ha impedido la realización de actos investigativos.

Señaló que Molina se abstuvo de declarar y anunció que el Ministerio Público va a presentar una imputación formal en su contra y la solicitud de medida cautelar.

Del Castillo señaló que Molina está acusado de organización criminal, fabricación ilícita, tenencia porte o portación y uso de armas no convencionales, tenencia y porte o portación ilícita, atentado contra bienes públicos, impedir y estorbar el ejercicio de funciones, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, privación de libertad y daño calificado.

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