Propiedad Santa Agro reporta pérdidas económicas por invasión

AVASALLAMIENTO. Alrededor de 1.800 hectáreas de soya en el predio Santa Agro se perdieron debido al robo de los insumos para su cuidado. Avasalladores que portaban armas fueron detenidos y continúan las investigaciones en el lugar.

DENUNCIA. En el lugar se encontraron armas que estaban en posesión de los avasalladores.

El predio Santa Agro, ubicado al norte del departamento de Santa Cruz, en el municipio de San Pedro, “sigue parcialmente ocupado” por los avasalladores, según informó su representante, Marcelo Aguilera.​

Dicha propiedad fue invadida el pasado 25 de diciembre, donde este grupo cometió también robo agravado de insumos del lugar y 3 trabajadores fueron agredidos.

Así también, la situación “ha causado grandes pérdidas”, ya que en esa zona hay 1.800 hectáreas sembradas de soya que requieren de herbicidas, pesticidas y otros cuidados necesarios para su desarrollo, afirmó Aguilera a tiempo de señalar que los insumos para esta labor fueron robados.

En ese sentido, el representante informó que lo primero que se ha hecho es un requerimiento fiscal para que se haga una investigación del robo agravado en la jurisdicción de Guarayos, puesto que la propiedad se encuentra en el límite de la provincia Guarayos con la provincia Obispo Santistevan. Además, Aguilera agradeció las acciones que se están poniendo en marcha a través del Ministerio de Gobierno y la Policía.

El pasado 1 de febrero, 60 personas fueron retiradas del lugar para iniciar con los procesos investigativos, sin embargo, se interceptó a los efectivos policiales como una forma de presión social, según señaló Aguilera. Quienes para evitar enfrentamientos, liberaron a 55 personas y retuvieron a quienes se encontraban en posesión de armas.

“La policía ha encontrado a los invasores en flagrancia con armas de grueso calibre como pistolas 9 mm, escopetas, etc. Además hay una fabricación de armas caseras.

Esta situación tiene que ser investigada, en este caso se está haciendo una investigación penal”, dijo Aguilera.

Finalmente, el representante señaló que la propiedad todavía se encuentra en proceso de saneamiento y por lo tanto está bajo jurisdicción del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Por su parte, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, indicó que el Gobierno hará cumplir la ley sin tomar en cuenta los cálculos políticos.​

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