Prórroga del TCP sienta funesto precedente para el futuro del país

JURISPRUDENCIA.- Si se consolida la prórroga de mandato del TCP se sienta un peligroso precedente que permitirá a otras autoridades buscar la prórroga de sus mandatos en el futuro.

La controvertida resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional que prorroga en su mandato a los magistrados electos, cuyo mandato fenece el 31 de diciembre  2023 sigue generando críticas .

El reconocido abogado Constitucionalista, William Herrera, ha calificado como «totalmente inconstitucional» la reciente resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que decidió prorrogarse en su mandato, desafiando lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE).

La resolución del TCP ha levantado ampollas al considerarse una clara violación de los términos establecidos en la CPE, que establece que las autoridades en funciones deben concluir su mandato el 31 de diciembre de este año. El abogado Herrera sostiene que ninguna institución, más aún el Tribunal Constitucional, está autorizada para ampliar su gestión, y argumenta que esto pone en riesgo la democracia y la separación de poderes.

Herrera resalta la gravedad de la situación al advertir que la medida no solo establece límites, sino que podría abrir la puerta para futuros intentos de prolongar mandatos, boicotear iniciativas de renovación judicial y plantear recursos en contra de cualquier intento de renovación. Además, sugiere que la decisión está siendo manipulada políticamente, poniendo en duda la verdadera intención detrás de la prórroga.

En cuanto a las posibles consecuencias legales, Herrera plantea dos caminos: la posibilidad de un juicio de responsabilidades para los miembros del TCP que han vulnerado la Constitución, o la promulgación de una ley que disponga la cesación de las actuales autoridades y dé inicio inmediato a un proceso electoral para la renovación del poder judicial.

UNA PUÑALADA AL ESTADO DE DERECHO

La situación, según Herrera, representa una puñalada al Estado de derecho y plantea un riesgo significativo para la institucionalidad democrática. Advierte sobre la posibilidad de que esta medida siente un precedente peligroso que permita a otras autoridades buscar la prórroga de sus mandatos en el futuro.

En cuanto a las perspectivas de un juicio de responsabilidades, Herrera destaca que dependerá de la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, que en la actualidad se encuentra dividida. Señala que la decisión sobre el futuro del TCP se debatirá en el contexto político actual y, por lo tanto, es esencial que se llegue a un consenso para avanzar en el proceso. Herrera  concluye destacando la importancia de seguir debatiendo este tema crucial para la estabilidad democrática del país

Source Marcelo Huanca Dorado