El ministro de Justicia, César Siles, manifestó que los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son de cumplimiento obligatorio para el Gobierno. Esta declaración demora el acuerdo en la reunión interinstitucional, que se realiza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“La posición del Ejecutivo es el cumplimiento de las sentencia. (…) También el incumplir una sentencia constitucional iría en contra del principio de independencia y separación de poderes”, señaló Siles.
En pasados días el TCP emitió un sentencia constitucional que declara desierta la convocatoria para magistrados del Tribunal Supremo Justicia (TSJ) en Beni y Pando, y para el Tribunal Constitucional en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
Ante esto, la postura del Gobierno fue de cumplir la determinación judicial y paraliza el acuerdo interinstitucional. Esto debido a que está en duda el desembolso de los recursos económicos para concluir en proceso de la elección judicial, por parte del Ejecutivo.
Representantes de los partidos políticos, como Elizabeth Reyes (UN) y Jhonny Fernández (UCS), señalaron que la postura del nivel central Estado dejaba en claro que iban a cumplir con el fallo del TCP. Por lo cual la realización de las judiciales está en duda, y al acuerdo que se arribe en el Órgano Electoral será de carácter más de consulta al Ejecutivo.
“Aquí está el máximo representante del poder Ejecutivo en el tema del fallo judicial, está el ministro de Justicia, primero acepta el fallo constitucional y lo va a acatar. La voz del Ejecutivo está aquí y es oficial”, dijo Reyes.
Fernández señaló: “Hay que hacer una reducción más de consulta, creo, porque lo que digamos el poder Ejecutivo puede aceptarlo o no. Que diga el poder Ejecutivo si va a garantizar los recursos para llevar adelante las elecciones (judiciales), te va a decir: no hay una sentencia, te voy a garantizar parcialmente”.
El TSE entre los puntos planteó la aprobación de una ley corta para garantizar las judiciales. La aprobación de la misma queda en duda, debido a las peleas internas y la división que hay en el Movimiento al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos en la Asamblea Legislativa.