Por el hacinamiento y la vulneración a los derechos humanos, las autoridades planifican el cierre de la cárcel de San Pedro, cuya construcción originalmente fue para albergar 300 internos, allá por 1850, pero en la actualidad su población supera los 3.300 internos.
El 70% de los internos, están allí con reclusión preventiva, deben trabajar al interior del penal y pagar el alquiler de sus celdas. San Pedro tiene sus propias leyes y reglas, aunque existe excesivo consumo de drogas y alcohol. Algunos viven con sus familias.
La Defensoría del Pueblo, como mecanismo de prevención de la tortura, recomendó cerrar el panóptico y la construcción de otro en La Paz, según el Informe Anual 2022 en un conjunto de recomendaciones elevadas al Estado para precautelar el cumplimiento de obligaciones internacionales para con los privados de libertad. Juan Ledezma, de la Defensoría del Pueblo, consideró que “definitivamente cumplió su ciclo, tiene tremendos niveles de hacinación y lo que estamos haciendo es retomar la Ley 494 (de 2014) que establece el cierre de la cárcel y la construcción del complejo penitenciario para el departamento de La Paz”.