Se cumplen 6 años del fallo que sepultó la Demanda Marítima
CIJ. Fueron 12 votos contra tres. El fallo emitido el 1 de octubre de 2018 fue el más favorable posible a Chile, al descartar todos los argumentos del equipo jurídico de Bolivia. En este fracaso, la administración de Evo Morales gastó $us 14 millones, según Diremar.
Fueron 12 votos contra tres. Ayer se cumplieron seis años, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, rechazó los argumentos presentados por el gobierno del expresidente Evo Morales, y desestimó la demanda boliviana, que reclamaba a Chile una obligación de negociar una salida soberana al océano Pacífico.
“La Corte concluye que los instrumentos bilaterales presentados por Bolivia no establecen la obligación por parte de Chile de negociar el acceso soberano al océano Pacífico”, fue parte de esa sentencia de derecho internacional que sepultó la aspiración boliviana de una salida soberana al Pacífico.
La CIJ concluyó que las notas, actas y diferentes declaraciones entre ambos países, a lo largo del siglo XX y principios del XXI, implican que ha existido una intención de negociar por parte de Chile, sin embargo, ello no significa que este país haya adquirido una obligación jurídica, en referencia a las peticiones de Bolivia, que había pedido que se declarase que Chile había incumplido en el pasado esa obligación de negociar.
El fallo emitido el 1 de octubre de 2018 fue el más favorable posible a Chile, al descartar todos los argumentos del equipo jurídico de Bolivia, con 12 votos contra tres. La Corte determinó que Chile tenía la disposición de negociar, pero sin ninguna obligación para hacerlo.
En este fracaso, la administración de Morales gastó 14 millones de dólares, según información de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), gastos que contemplaron la contratación de una decena de abogados, entre ellos los franceses Mathias Forteau y Monique-Chemillier-Gendreau, el iraní Payam Akhavan, el inglés Vaughan Lowe y el español Remiro Bretons, entre otros.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé fue el agente de Bolivia ante la CIJ, mientras que el también exmandatario Carlos Mesa ejerció el cargo de vocero internacional de la demanda marítima. El canciller en ese entonces era Diego Pary, y Sacha Llorenti fue designado por Morales como co-agente de Bolivia ante la Corte.