Sector salud acata hoy un paro de 24 horas en rechazo a la Ley 1359

SANTA CRUZ. La Gobernación cruceña expresó que la reglamentación de la Ley de Emergencia Sanitaria fue reglamentada sin la participación de las organizaciones civiles, siendo el gremio médico el más golpeado. Lamentan que no hayan modificado la ley.

SITUACIÓN. El paro de hoy será movilizado y acatado por los tres niveles de salud de Santa Cruz.

Trabajadores en salud de Santa Cruz anunciaron un paro de 24 horas para hoy en rechazo a la reglamentación de la Ley de Emergencia Sanitaria observada desde su creación por salubristas quienes denuncian no haber sido consultados sobre los alcances de la norma.

El representante del sector, Robert Hurtado, dijo que en primera instancia la medida será acatada por los tres niveles en todo el departamento de Santa Cruz.

“Este artículo 17 de la ley de Emergencia Sanitaria en su reglamentación ha sido aprobada nomás sin tomar en cuenta a los sectores afectados como los trabajadores donde nos prohíben realizar medidas de presión, protestas, huelgas y que reclamemos nuestros derechos”, precisó.

Hurtado lamentó que las autoridades no hayan modificado la polémica ley rechazada por el sector salud desde su creación.

Por su parte, la Gobernación luego de la reunión con el Colegio Médico Departamental el lunes por la noche, ante la preocupación por la reglamentación de la Ley de Emergencia Sanitaria, documento que está en análisis por el departamento jurídico de la Gobernación, en caso de que se compruebe legalmente que esta norma vulnere la Ley Marco de Autonomías, el ente departamental será siempre firme en la defensa de la autonomía y no permitirá que se quiten competencias departamentales.

Esta afirmación corresponde al secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Fernando Pacheco, quien haciendo referencia al Decreto Supremo 4542, reclamó que este ha sido reglamentado sin la participación de las organizaciones civiles, siendo el gremio médico el más golpeado, medida gubernamental que considera una decisión absurda y fuera de contexto, razón por la cual las autoridades departamentales realizarán las representaciones legales necesarias en contra de la vulneración de sus derechos.

“Adelantamos, siempre vamos a ser unos  firmes defensores de que se va respetar la ley marco de Autonomías y no vamos a permitir que nos quiten ninguna sola competencia que tanto le ha costado este pueblo cruceño”, remarcó.

Por su lado, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, dijo que con respecto a la aprobación de la reglamentación de la Ley de Emergencia Sanitaria, es un atentado contra las autonomías porque coarta los derechos, “están imponiendo a la fuerza medidas en las cuales le quitan a las personas la posibilidad de las protestas”, cuestionó la máxima autoridad departamental.

Camacho afirmó que, en lo que respecta a la Gobernación cruceña, se realizarán acciones correspondientes, porque este es un problema de toda la ciudadanía y con seguridad que afecta a todos los sectores.

El reglamento de la Ley 1359 de Emergencia Sanitaria establece, entre otras cosas, sanciones administrativas y penales por la suspensión en los servicios de salud durante la pandemia del coronavirus.

COLEGIO MÉDICO

El Colegio Médico de Bolivia demandó al presidente Luis Arce instruir a los viceministros de Salud que puedan reunirse en una mesa de diálogo con su sector. De no tener una respuesta al pedido, se advirtió con asumir un desacato en rechazo al Reglamento a la Ley de Emergencia Sanitaria.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, afirmó que la norma en cuestión es “contradictoria” e incluso se incumpliría una serie de aspectos que fueron establecidos en la ley 1359 a comienzos del febrero de este año.

Pedir a presidente (Luis Arce) instruir a sus viceministros para que podamos iniciar una mesa de diálogo antes de asumir las medidas que la Constitución nos brinda ya que el ministro de Salud (Jeyson Auza) no quiere reunirse con el sector en salud considerándolo una voz no oficial para los profesionales en salud”, afirmó.

En su criterio, la reglamentación aprobada la pasada semana en gabinete ministerial, vulnera las garantías constitucionales y ahora con el Consejo Nacional Estratégico para las Emergencias Sanitarias – que establece la norma-  se podrían cerrar los servicios básicos como el agua, luz, comunicaciones e internet.

Fuente Fides/El Mundo
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