ACTO. Las protestas en Santa Cruz se originaron por la detención del Gobernador.

Sentencian a 27 personas por protestas en defensa de Camacho

EN SANTA CRUZ Y COCHABAMBA

CASO. El abogado de los acusados en la capital cruceña afirmó que la Fiscalía no presentó argumentos suficientes que demuestren la responsabilidad de sus clientes. Aclaró que someterse a un procedimiento abreviado no significa que sus clientes hayan ocasionado esos destrozos.

ACTO. Las protestas en Santa Cruz se originaron por la detención del Gobernador.

A través de un procedimiento abreviado, la justicia dictó sentencia de entre dos a tres de cárcel en contra 27 personas por las protestas, gasificaciones y enfrentamientos que se registraron en los últimos días en Santa Cruz y Cochabamba en rechazo al encarcelamiento del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.

El domingo se llevó a cabo la última audiencia donde se condenó a tres años de prisión a 11 personas que supuestamente causaron destrozos al Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz. El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, aseguró que demostraron la participación de los acusados de forma contundente.

 “La Fiscalía colectó todas las pruebas necesarias como declaraciones de testigos, imágenes de cámaras de seguridad, muestrario fotográfico, tanto de los vehículos quemados como del lugar de los hechos, entre otros, además las 11 personas admitieron su culpa y se acogieron a un procedimiento abreviado, por lo que fueron sentenciados a tres años de cárcel”, dijo Mariaca.

Tras la detención de Camacho, el viernes 30 de diciembre se llevó a cabo un paro de 24 horas y para concluir esa jornada se convocó a una vigilia a los pies Cristo Redentor, pero esta fue reprimida de forma violenta por la Policía Boliviana. Incluso se evidenció el uso excesivo de gases y abuso a la hora de arrestar a personas que solo circulaban por el lugar.

Al respecto, Fernando Vaca, abogado de los sindicados, refutó esas declaraciones y aclaró que someterse a un procedimiento abreviado no significa que sus clientes hayan ocasionado esos destrozos, aseveró que se buscaba la libertad de los mismos y se decidió optar por ese camino.

“Que se hayan sometido a un procedimiento abreviado no se los sindica como culpables del hecho, simplemente es que la fiscalía andaba buscando un culpable y la gente su libertad. Además, es muy difícil estar detenido y por esa situación ellos se inculpan por un delito que no cometieron”, manifestó.

Un día antes, se desarrolló otra audiencia donde el juez determinó una condena de tres años de cárcel para otras 11 personas que presuntamente también causaron daños a la infraestructura del comando policial.

De acuerdo a la fiscalía, estos lanzaron piedras, escombros y petardos provocando destrozos en la infraestructura. Además, atacaron al personal policial y no permitieron el tránsito de patrullas ni carros bomberos, perjudicando la labor de esa institución.

En ambos casos, el Ministerio Público los acusó por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, incendio e impedir o estorbar el ejercicio de funciones

En ese contexto, el abogado José Islas explicó que al ser una sentencia de esa cuantía permite que se acojan a la suspensión condicional de la pena, por tanto, no serán remitidas a la cárcel para que cumplan su condena.

A la vez, indicó que, de acuerdo a procedimiento, la policía o la fiscalía puede pedir a los detenidos que se hagan cargo de la reparación de los daños ocasionados a esas infraestructuras.

EN COCHABAMBA

El miércoles 28 de diciembre del pasado año, en la ciudad de Cochabamba un grupo de personas protestaron al frente del Ministerio Público y se intentó hacer una toma simbólica de esas instalaciones, un contingente policial llegó hasta el lugar y dispersaron a las personas con uso de agentes químicos.

En enfrentamiento ocasión daños en el frontis de esa institución, la puerta de ingreso a la oficina pública fue quemada y otra que es de vidrio quedó destrozada, hecho que fue ratificado por la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles.

En esa oportunidad se aprehendió a cinco personas, tres mujeres y dos varones. Posteriormente fueron imputados por los delitos de destrozo y deterioro de bienes del Estado e instigación pública a delinquir.

LA DILIGENCIA DEL MINISTRO

Tras conocer la situación jurídica de los acusados, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a través de sus redes sociales, difundió la identidad de los sentenciados acompañados de fotografías. A la vez, aseguró que la Policía continuará con su trabajo de neutralizar a los “grupos radicales”.

“La Policía continuará realizando su trabajo apegado a la Constitución Política del Estado, la doctrina policial y la defensa de la democracia contra estos grupos radicales que buscan luto y dolor en el pueblo boliviano y cruceño”. señaló.

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Fuente ANF
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