Si ALP cesa a magistrados, TSJ advierte perjuicio “incalculable”

NORMATIVA. Legisladores del ala evista del MAS y de la oposición exigen que se traten los proyectos de ley 072 y 075 con prioridad. Dichos proyectos cesarían a los magistrados prorrogados de sus cargos y suspenderían plazos

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marcos Jaimes, advirtió sobre las consecuencias del cese de magistrados del Órgano Judicial. A la par de ello, la Asamblea Legislativa tiene pendiente tratar leyes para cesar a los magistrados prorrogados en sus cargos. Para la autoridad del TSJ el perjuicio será “incalculable”.

“Realmente el perjuicio es incalculable”, dijo Jaimes consultado de qué pasaría si se procede con cesarlos en sus cargos. Mencionó que se perjudicaría a ciudadanos que esperan una respuesta oportuna de la justicia.

En ese contexto, añadió: “Están esperando que una resolución de una sentencia condenatoria dictada en algún tribunal quede finalmente ejecutoriada, estamos hablando de personas que están esperando la devolución de algún pago de dinero o también la devolución de algún inmueble, por lo tanto, queremos asegurar que lo primordial es resguardar los derechos y garantías de esas personas que se verían seriamente afectadas reitero por los efectos multiplicadores que tendría aquella posibilidad”.

En el Legislativo, parlamentarios del ala evista del MAS y de la oposición exigen que se traten los proyectos de ley 072 y 075 con prioridad. Dichos proyectos cesarían a los magistrados prorrogados de sus cargos y suspenderían plazos procesales mientras se realizan las Elecciones Judiciales.

Según Jaimes, durante los días hábiles de este 2024, el TSJ ha recibido 638 causas. Estimó, además, que hasta el mes de septiembre cuando se realizarían las elecciones judiciales, ingresarían más de cuatro mil al máximo Tribunal de Justicia.

Señaló que estos datos son una muestra concreta de la afectación que podría existir en caso de desconocerse la continuidad de los magistrados, informó Erbol.

Los actuales magistrados debieron cesar funciones el 31 de diciembre de 2023, día en que se cumplía el sexenio del que disponen las altas autoridades judiciales, electas en comicios (en este caso, en 2017).

Sin embargo, el TCP emitió a mediados de diciembre del pasado año una resolución mediante la cual los altos cargos del Órgano Judicial se prorrogaron en sus cargos, hasta la eventual realización de nuevos comicios judiciales. Dicha disposición generó el rechazo en esferas políticas y de la sociedad.