Suspendieron la audiencia de Camacho por el caso “decretazo”

POSTERGADO.- El inicio del juicio oral contra el Gobernador Luis Fernando Camacho por el decreto 373, denominado “decretazo”, que debía comenzar ayer se suspendió por ausencia del imputado hasta el 11 de abril

El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz suspendió hasta abril el inicio del juicio oral por el caso del decreto departamental 373, conocido como el “decretazo”, debido a la ausencia del gobernador Luis Fernando Camacho, quien es el principal acusado.

La nueva fecha para la audiencia es el 11 de abril. Camacho no asistió a dicha audiencia porque no fue trasladado del penal de Chonchocoro, donde está detenido en La Paz, hasta Santa Cruz, donde se lleva a cabo el proceso.

El Gobierno señala que inicialmente se debía “sanear situaciones pendientes del proceso”, según la viceministra de Transparencia, Susana Ríos. Desde el Régimen Penitenciario señalaron que no había condiciones para llevar adelante esta acción.

“Antes de hablar del traslado, se debe hablar del saneamiento procesal, que implica que antes de dar inicio a cualquier proceso, este proceso se debe revisar exhaustivamente para corregir todas aquellas situaciones pendientes”, señaló la viceministra Susana Ríos.

Indicó que en el proceso contra Camacho hay “situaciones pendientes” que no se corrigieron, ejemplificó que hay apelaciones no resueltas y, por lo tanto, mientras esto persista, no se podrá iniciar el juicio oral.

El abogado de Luis Fernando Camacho, Martín Camacho, señaló que el Tribunal tenía 50 días para subsanar las deficiencias y no lo hizo. Señaló que el incumplimiento de la orden de traslado ha sido cuestionado por el Tribunal y se ha ordenado bajo amenaza de sanción que para el 11 de abril el Gobernador debe estar de manera presencial en la audiencia, explicó Camacho.

Agregó que las justificaciones del Régimen Penitenciario no tienen lógica y respaldan su incumplimiento con un voto resolutivo de reclusos de Palmasola expedido hace mucho tiempo.

Camacho aclaró que el único interesado en que el gobernador no esté presente en el juicio oral es la procuraduría, porque el Ministerio Público no ha solicitado que la audiencia sea virtual.

Por su parte la Asambleísta Departamental, Paola Aguirre señalo que el no traslado del Gobernador a la audiencia del caso decretazo desobedece una orden judicial y pisotea las garantías constitucionales.

“Esto constituye una verdadera burla y afrenta para el pueblo cruceño que esperaba la llegada del Gobernador”, expresó Aguirre. “Es evidente que el gobierno nacional y el MAS no respetan la ley, se ufana de su control sobre el Órgano Judicial y no muestran miramiento alguno al pisotear los derechos del Gobernador”, añadió