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TI: Bolivia es el tercer país más corrupto de Sudamérica

RANKING.- Transparencia Internacional, en su Índice de Percepción de Corrupción, coloca a Bolivia en el puesto 133 de 180 países, con un puntaje de 29, y representando en un descenso de dos lugares, con relación a 2022.

Bolivia figura entre los tres países con mayor índice de corrupción en Sudamérica, según reveló Transparencia Internacional (TI) en su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), siendo sólo superada por Venezuela y Paraguay.

Dicha instancia publicó un mapa en el que se muestran los países que tuvieron avances en la lucha contra la corrupción, así como también evidencia las naciones que tuvieron pocos o nulos avances.

El IPC se maneja en una calificación del 1 al 180, donde 1 es el país menos corrupto; en este caso, Dinamarca; en tanto, que el 180 (Somalia) es el más corrupto del mundo.

Bolivia, con una calificación de 29, ocupa el lugar 133 de 180 países, teniendo una caída de dos lugares con respecto a 2022, cuando se encontraba en el lugar 131; ello implica que hubo un retroceso.

A nivel Sudamérica, Venezuela ocupa el puesto 177 de 180, situándose como la nación más corrupta de Sudamérica; le sigue Paraguay (136), por lo que Bolivia alcanza el tercer lugar.

El listado se elabora a partir de fuentes que proceden de diversas instituciones como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, entre otros; y se basa sustancialmente en encuestas y consultas.

El IPC se concentra en medir la corrupción en el sector público a través del soborno, la malversación de fondos públicos; funcionarios que usan su cargo público para obtener lucro personal, sin afrontar consecuencias.

Se mide también la capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción en el sector público, excesiva burocracia en el sector público, que puede incrementar las oportunidades de ejercer la corrupción, nepotismo en nombramientos de funcionarios públicos. Legislación que garantice la transparencia en declaraciones de finanzas personales y posibles conflictos de intereses en los cargos públicos; protección0 legal de denunciantes de casos de soborno y corrupción; captura del Estado por intereses privados; acceso a la información sobre asuntos públicos de interés ciudadano y actividades de gobierno.

Source El Mundo y Agencias