Todos ganaron menos el Estado con el nuevo régimen minero
La explotación aurífera en Bolivia, monopolizada por el modelo cooperativista, pese a su gran crecimiento no ha dejado beneficios para el Estado, sino para este sector, señaló el investigador Rodolfo Zaconeta, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrícola en Bolivia (CEDLA)
Según los datos de Zaconeta en el año 2023, la minería aurífera ha dejado apenas $us 63 millones de dólares en regalías para el Estado boliviano, a pesar de que se explotaron 53 toneladas de oro, mientras que un abrumador monto de $us 3 mil millones ha quedado en manos de las cooperativas mineras. Esta situación se atribuye en gran medida a la legislación minera favorable a las cooperativas, que está vigente desde 2006.
El investigador destaca que las cooperativas mineras han sido beneficiadas de diversas formas en el actual régimen lo que ha limitado significativamente las contribuciones fiscales que deberían realizar por la explotación del oro.
A pesar de la implementación de leyes como la Ley 535 de Minería y Metalurgia propuesta por Evo Morales en 2014, que establece un impuesto del 2.5% sobre las ventas brutas de minerales, las cooperativas han logrado evadir en gran medida sus obligaciones fiscales utilizando recursos que la misma ley establece.
El verdadero beneficio para el Estado, según Zaconeta es escaso en comparación con los impactos ambientales y sociales negativos que acompañan a la actividad minera. Estos incluyen la degradación del medio ambiente, la explotación laboral y la conflictividad social en las zonas donde se desarrolla la minería.
En resumen, la explotación aurífera en Bolivia refleja una situación en la que todos ganan, excepto el Estado. Mientras las cooperativas mineras y los inversores privados se benefician económicamente, el país enfrenta graves desafíos en términos de recaudación fiscal y gestión responsable de los recursos naturales.
Es preciso revisar y reformar el marco legal y regulatorio de la minería con el objetivo de garantizar un equilibrio adecuado entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales, añadió.