Tribunal se declara incompetente por expropiación de Fancesa
ACCIONES .- Para el procurador, la determinación de la CPA representa “una victoria” en favor del Estado boliviano, pese a que dicho fallo sólo indica que el tribunal arbitral se declara “sin jurisdicción”.
La Procuraduría General del Estado (PGE) informó ayer que la demanda arbitral presentada por la Sociedad Boliviana de Cementos (Soboce), el consorcio Cemento del Sur S.A., Yura Inversiones Bolivia y el Grupo de Inversiones Gloria Bolivia S.A. fue resuelta en favor del Estado.
“El 27 de noviembre fuimos notificados con una decisión arbitral del caso CPA 2020-47 (…), este laudo tiene un carácter definitivo, es una victoria, es un fallo favorable para el Estado boliviano”, afirmó el procurador del Estado, César Siles, en conferencia de prensa.
Dicha instancia recibió el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) que se declaró incompetente para resolver la demanda por $us 269,4 millones que demandó la empresa cementera como indemnización por la expropiación de las acciones de Fancesa.
Siles explicó que esta demanda emergió por “una posible controversia a decir del convenio entre Perú y Bolivia, sobre promoción y protección recíproca de inversiones suscrita el 30 de julio de 1993, convenio que fue reclamado como incumplido”, por las empresas cementeras, informó ABI.
Soboce y sus asociadas activaron la cláusula arbitral del convenio entre Bolivia y Perú sobre la promoción y protección recíproca de inversiones; por ello, demandó una indemnización de $us 269,4 millones.
Sin embargo, el Estado rechazó la alegación de las demandantes y presentó un escrito de “Objeciones a la Jurisdicción del Tribunal y Solicitud de Bifurcación”, alegando falta de jurisdicción. Fue hasta el lunes 27 de noviembre que se admitió la objeción ‘ratione voluntatis’ (por motivo de la voluntad), presentada por Bolivia.