Violentas protestas no cesan exigiendo elecciones en Perú
PERÚ. Las violentas protestas y fuerte represión policial ha dejado al menos ocho personas fallecidas y daño material a edificios estatales aún no cuantificado. Los movilizados reclaman un adelanto de las elecciones. La presidente Dina Boluarte sugiere a fines del 2023.
Un fallo de la Justicia peruana podría prolongar la detención del expresidente Pedro Castillo hasta 18 meses, tan solo un día después de que el Gobierno decretara el estado de emergencia nacional para intentar frenar las violentas protestas derivadas de la destitución de Castillo, que hasta ahora dejan ocho personas muertas.
La audiencia virtual se realizó pese a que Castillo se negó a ser notificado. En su ausencia, fue representado por un defensor público porque él y su equipo legal no quisieron participar argumentando que la audiencia carecía de «garantías mínimas».
Los manifestantes en varias partes del país exigen la libertad de Castillo, la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones generales para elegir un nuevo presidente y sustituir a todos los miembros del Congreso.
Boluarte, quien era la vicepresidenta de Castillo, declaró el miércoles que las elecciones generales podrían programarse para diciembre de 2023, cuatro meses antes del calendario que había propuesto el lunes al Congreso.
Castillo fue arrestado después de haber sido destituido por los legisladores cuando trató de disolver el Congreso antes de un intento por destituirlo. El fiscal supremo de Perú, Alcides Chinchay, declaró que Castillo se enfrenta a un mínimo de 10 años de prisión por el cargo de rebelión.
Desde el 7 de diciembre, cuando comenzaron las protestas, al menos ocho personas murieron en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y autoridades. Todas las muertes se produjeron en comunidades rurales empobrecidas a las afueras de Lima, bastiones de Castillo, un novato en la política y antiguo maestro de escuela de un distrito andino.
De las víctimas, al menos seis murieron por disparos, según grupos de derechos humanos. Los manifestantes bloquean carreteras, incendian edificios e invaden aeropuertos en reclamo por la liberación de Castillo, que ha generado fuertes choques con las fuerzas policiales.
«Hemos acordado declarar el estado de emergencia en todo el país, debido a los actos de vandalismo y violencia», anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola el pasado 14 de diciembre.