Paraguay suspende extradición del exministro de Defensa

Nacional
EXTRADICIÓN. El exministro de Defensa solicita refugio en Paraguay.

CASO GASES. Luis Fernando López Julio, exministro y parte del gabinete político de la otrora presidenta Jeanine Añez, es investigado dentro de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma, a través de una empresa intermediaria.

Paraguay notificó de manera oficial a Bolivia, mediante una nota diplomática, que el proceso de extradición contra el exministro de Defensa del gobierno de la expresidenta Jeanine Añez, Luis Fernando López Julio, fue suspendido.

Mediante dicha nota, remitida el 30 de abril de este año, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay comunicó a la Cancillería boliviana sobre el fallo de un juzgado de Asunción.

Dicho tribunal dejó sin efecto la detención preventiva que pesaba contra el extitular de la cartera de Defensa y suspendió el proceso de extradición, debido a que López tramita su estatus de refugiado, de acuerdo con una nota de Erbol.

La nota fue remitida al Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz, donde se ventila el caos gases lacrimógenos, donde es investigado junto al exministro de Gobierno Arturo Murillo y otros, por la compra con sobreprecio de agentes químicos durante el gobierno interino.

“La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en la República del Paraguay remite la nota VMAAT/DAL/N° 1005/2024 de 30 de abril de 2024 proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país que informa que mediante Resolución A.I. N° 9 resolvió suspender el procesamiento especial con fines de Extradición iniciado a Luis Fernando López Julio”, se lee en la nota remitida al respecto.

Luis Fernando López Julio, exministro y parte del gabinete político de la otrora presidenta Jeanine Añez, es investigado dentro de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma, a través de una empresa intermediaria, para la Policía Boliviana entre 2019 y 2020.

A la par de ello tiene una acusación de comisión de presunto terrorismo, en el denominado caso Golpe de Estado I, impulsado ante la justicia por la exdiputada masista, Lidia Patty.